Por Fonsi Loiza *
La historia del Mundial de Qatar es una crónica repleta de sangre y capital esclavista. Esta Copa del Mundo, disputada del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 en el emirato catarí, es el espejo de la distopía del capitalismo. Estadios construidos por obreros tratados como esclavos contemporáneos trabajando a temperaturas de hasta 50 grados, muchas veces muertos, y una teocracia feudal de una familia dinástica haciéndose de oro comprando voluntades y controlando todo el cotarro del fútbol.
En Qatar existe un auténtico sistema de castas, apartheid y discriminación racial estructural. El informe elaborado por Tendayi Achiume, relator especial de la ONU sobre las formas vigentes del racismo, explica que este se encuentra basado en el origen nacional, según el cual las nacionalidades occidentales y qataríes disfrutan de protección de los derechos humanos frente a las nacionalidades de trabajadores explotados del sur de Asia y África.
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Los fallecimientos de los obreros son catalogados como muertes naturales en Qatar y el régimen niega a las familias afectadas la oportunidad de ser indemnizadas por las autoridades y las empresas. En el diario The Guardian han cifrado en más de 6.500 el número de muertes de inmigrantes trabajadores en las obras de la competición de Qatar 2022. Otras fuentes, como la Fundación para la Democracia en su informe sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en Qatar, cifran en más de 7.000 los trabajadores muertos, 12 vidas obreras por semana desde que Qatar fue elegida sede del Mundial.
En Qatar los trabajadores no tienen derecho a huelga ni a afiliación sindical y se exige una sumisión absoluta al patrón por parte de los trabajadores migrantes. Muchos de ellos han tenido que pagar sumas elevadas de dinero, de entre 500 y 4.300 dólares, a agencias de contratación sin escrúpulos de Estados Unidos e India que hacen negocio con este mercadeo de mano de obra barata.
A pesar de que el Gobierno de Qatar saca pecho por los planes de reformas y abolición del llamado kafala (patrocinio, en árabe), sistema por el cual los trabajadores no pueden cambiar de trabajo sin el permiso del patrón. Amnistía Internacional apunta que este patrocinio no se ha desmontado, sino que se han reavivado los peores elementos del kafala y las prácticas abusivas de explotación siguen vigentes y habilitan el trabajo forzoso.
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En 2020, el emir Tamim decretó algunas reformas de cara a la galería antes del Mundial, como la flexibilización para que los trabajadores puedan cambiar de empleo. Sin embargo, el estatus legal del obrero sigue ligado a un patrón específico que puede renovar o cancelar el permiso de residencia del trabajador. El abandono de trabajo sin permiso sigue siendo considerado delito y puede conllevar la deportación y prohibición de volver a ingresar al país. Amnistía Internacional también ha denunciado que “la población trabajadora migrante sigue enfrentándose en ocasiones a trabas y requisitos burocráticos insalvables”.
Además, según la Fundación para la Democracia, depende del empleador proveer hospedaje y alimento, por lo que la dependencia es aún mayor. La confiscación de los pasaportes –que los trabajadores entregan firmando un formulario escrito en árabe–, las altas tarifas de contratación, las condiciones inhumanas de alojamiento y en las que se realiza la labor, el no pago de los haberes en término y las prácticas engañosas de captación siguen siendo habituales en Qatar”.
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La organización Human Rights Watch (HRW) ha demandado a la FIFA y a Qatar para que indemnicen a los trabajadores migrantes del Mundial y sus familias. HRW ha recopilado en un informe la experiencia de 90 obreros de la construcción de infraestructuras para el Mundial donde estos denuncian todo tipo de explotaciones laborales, el impago de los salarios prometidos, el endeudamiento para pagar su estancia en Qatar o la muerte de muchos compañeros por hambre. Una encuesta de Amnistía Internacional mostró un gran apoyo a la medida mencionada, con el mayor porcentaje en Kenia (93% de entre las personas encuestadas), país africano del que emigran miles de obreros para trabajar en Qatar. Esta organización ha documentado numerosos abusos a personas de dicha procedencia, incluido el trabajo forzoso en el sector de la seguridad privada, el servicio doméstico y la construcción.
A tres meses del Mundial, el régimen de Qatar detuvo y expulsó a 60 trabajadores que participaron en una protesta contra los impagos y las condiciones esclavistas. Llevaban siete meses sin cobrar sus sueldos de miseria y trabajaban a más de 40 grados en jornadas laborales de hasta 18 horas. La manifestación se convocó frente a las oficinas de la empresa Al Bandary International Group, que como constructora ha levantado complejos de lujo, parques acuáticos o rascacielos en Lusail y Doha. Esta compañía ha diversificado sus actividades y cuenta con empresas inmobiliarias, de limpieza, restaurantes, cadenas de hoteles, de viajes y de alimentación con el famoso plato popular del shawarma. Según la web oficial de esta multinacional, su objetivo es “ser el proveedor líder de la construcción en Qatar y Oriente Medio, expandirse a nivel internacional y marcar tendencia para las demás constructoras”.
*Este es un extracto del libro Qatar, sangre, dinero y fútbol, escrito por el periodista español Fonsi Loiza. Su obra está editada por Akal. Loiza es autor también del libro Florentino Pérez, el poder del palco.
